La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general un paquete de reformas que incluye la prohibición de la minería a cielo abierto en México, lo que ha renovado los temores de ver colapsar una industria responsable, que tiene un rol fundamental en el desarrollo del país y el combate al cambio climático.



Esta iniciativa, que fue presentada el pasado 5 de febrero por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, fue avalada en lo general con 30 votos a favor y siete en contra; y en lo particular con 27 votos a favor y nueve en contra, luego fue turnada a la Mesa Directiva.



Los cambios a la Constitución establecen que “no se otorgarán concesiones, como ningún otro instrumento jurídico, para la exploración, explotación, beneficio, uso o aprovechamiento de minerales, metales o metaloides en minería a cielo abierto, salvo en los casos que excepcionalmente determine el Ejecutivo Federal”.



Esta disposición revive la incertidumbre entre operadores e inversionistas, pues arroja el mensaje de que las leyes y normas en México están supeditadas a la administración en turno, y no hay claridad respecto al destino que tendrán los proyectos mineros que se desarrollan en México, donde se han invertido años de trabajo y un enorme capital. 



La iniciativa en cuestión golpea aún más a una industria que ya resiente el peso de un Gobierno que se opone a brindarle apoyo, y que en los últimos tres años ha impulsado reformas que afectan gravemente su competitividad. Prueba de ello, es que en el “Índice de Atractivo de Inversión” del estudio que realiza anualmente el Fraser Insitute, México cayó al lugar 74 a nivel mundial (entre 86 jurisdicciones mineras evaluadas) tras haber ocupado el puesto 37 en el 2022 y el lugar 34 en el 2021.



Cuando se discutió el cambio constitucional en lo particular, el Diputado Santiago Torreblanca declaró que “El litio se obtiene a través de la minería a cielo abierto, así como el cemento y el concreto para la construcción y, de aprobar la reforma, van a tronar esta industria”.



Por su parte, la Cámara Minera de México (Camimex), se pronunció a favor de la minería a cielo abierto, advirtiendo que de continuar con la Reforma en su forma actual, el país corre el riesgo de perder más de un millón de empleos formales; comprometer más de MX$30,000 millones en diversas aportaciones fiscales; sufrir una contracción económica de MX$250,000 millones de pesos; y perder más de un millón de empleos formales; entre otros aspectos alarmantes. 



“La minería a cielo abierto no debe prohibirse, sino fomentarse para consolidar la posición de México como productor de minerales esenciales. Es una actividad seria que se practica en el mundo, operarla de forma responsable y segura es deber de todos los grupos de interés. No se debe penalizar a la industria responsable, ni limitar la competitividad del país”, expresó la Camimex en un comunicado especial.



La prohibición se promueve bajo la premisa de que la minería depreda y contamina, sin embargo cabe considerar que para poder operar, una mina debe cumplir con más de 1,000 normas y reglamentos, además de que actualmente, cuando una mina se cierra, las compañías entregan a las comunidades los terrenos remediados, dejando infraestructura, caminos, agua, líneas eléctricas… en comunidades y en áreas donde se vuelve más viable practicar la agricultura y ganadería, o donde simplemente la flora y la fauna regresan al entorno. 



Si bien esta reforma amenaza a todo el sector, la Cámara de Diputados afirma que "se respetarán los contratos, concesiones, permisos y autorizaciones otorgados a particulares con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, en términos de ley".



Fuente: Mundo Minero