Tras bloqueos de la mina Peñasquito, advertencias por fuga de inversiones y meses de negociación, ejidatarios de Cedros, Mazapil, y directivos de la trasnacional Newmont-Goldcorp firmaron un convenio que incluye varios acuerdos entre la comunidad y el corporativo estadounidense-canadiense.



Al encabezar la reunión virtual para la firma, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó que éste es “un ejemplo no sólo nacional, sino mundial, de cómo se puede avanzar en la minería”, pues resaltó que el conflicto, que inició en marzo de 2019, finalizó “a través del diálogo y la mediación”.



Los puntos acordados para la resolución son, en primer lugar, reparar el daño hídrico ocasionado al manantial El Socavón, ya que éste dejó de proveer de agua potable a la región de Cedros, derivado de la actividad minera, según explicaron los afectados.



La compañía emprenderá obras que promuevan la activación física, como canchas de béisbol y una de futbol en la escuela del ejido, la reparación de la alberca de Cedros y el desarrollo de un área social ahí mismo; además, se construirá una plaza cívica para la comunidad Nuevo Peñasco.



También se revisarán los convenios de ocupación temporal de la mina en Cedros, donde existen 8 mil 50 hectáreas en fase de exploración y mil 900 para explotación y operación; este nuevo acuerdo concluye la disputa legal, agraria y civil entre ambas partes.



Para todo lo anterior, los ejidatarios acordaron destinar, delimitar, asignar e inclusive desincorporar del régimen ejidal las superficies necesarias para la puesta en marcha de dichas obras, sin embargo, las autoridades federales destacaron que “estos acuerdos deberán ser ratificados por la asamblea ejidal”.



El subsecretario de Gobierno federal, Ricardo Peralta Saucedo, aclaró que las mesas de negociación aún no terminan porque “las circunstancias cambian con el tiempo”, no obstante, se estableció una cláusula para la resolución de conflictos mediante el diálogo y en un ambiente legal, resaltó Newmont-Goldcorp.



Garantía de inversiones



Olga Sánchez subrayó la importancia de que cumplan todos los puntos convenidos y que se asistirá a las partes, pues la “Secretaría de Gobernación (Segob) debe otorgar certeza jurídica de que en México se puede invertir, lograr el desarrollo económico y fuentes de empleo”.



“Por un lado, ser un país de leyes al respetar y legitimar los derechos laborales irrenunciables como pagar un salario justo, cumplir con las prestaciones de ley y, por supuesto, estar atentos también a la mitigación que, por la naturaleza de esta industria, debe de realizarse para las comunidades”, precisó.



En su intervención, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, reconoció tanto a Newmont-Goldcorp como a la comunidad de Cedros por “lograr un acuerdo que permitirá el desarrollo responsable de ambas partes, sin provocar daños a la vida cotidiana de la región del semidesierto”.



“Confío en que la empresa minera y los ejidatarios respetarán los puntos de acuerdo y, en el caso de estos últimos, no permitirán la intromisión de terceras personas, que suelen estar motivadas por un interés político, económico o personal”, afirmó.



La trascendencia de esta resolución, añadió Tello Cristerna, radica en que la minería representa 25 por ciento del producto interno bruto del estado, lo cual la convierte en una de las principales generadoras de empleo. “Éste ha sido uno de los temas más delicados que he enfrentado como gobernador”, admitió.



Al igual que Sánchez Cordero, consideró que con el fin del conflicto, luego de más de 60 mesas trabajo, “se brinda certeza jurídica y respeto al Estado de Derecho, lo que, indudablemente, privilegia la confianza de los inversionistas en nuestra entidad”.



Trabajo conjunto



Rigoberto López Martínez, presidente de la Mesa Directiva de Cedros, mencionó su disposición para el trabajo conjunto a favor de la región, mientras que la empresa celebró que se lograra poner fin a las diferencias para “una relación legítima y estable en beneficio de las comunidades y los trabajadores”.



Brian Berney, director de Newmont México, reconoció la mediación de la Segob y del gobierno estatal con el secretario de Economía, Carlos Bárcena Pous, y el representante de Zacatecas en Ciudad de México, Raúl Rodríguez Márquez, así como el apoyo del alcalde de Mazapil, Gregorio Macías Zúñiga.



“Cedros y Peñasquito, unidos, somos una comunidad sostenible. Trabajaremos muchos años juntos, en beneficio de las comunidades, la fuerza laboral y la economía”, reiteró Berney.



El directivo resaltó también el respaldo del subsecretario de Minería, Francisco Quiroga Fernández, y su gran trabajo por la industria minera sostenible. El funcionario federal aseguró que “Peñasquito es un ejemplo de lo que se puede logar cuando se hace equipo, se trabaja de frente a las comunidades y existen mecanismos de solución de controversias”.



Autoridades federales, estatales y municipales, que fueron testigos de honor para la firma del acuerdo, aplaudieron el compromiso social de la empresa, además de las donaciones que ha realizado para combatir la pandemia de COVID-19.



En la videoconferencia estuvieron también, por parte de Newmont-Goldcorp, los directores de Sustentabilidad, Peter Hughes; Legal, Abel Martínez; de Recursos Humanos, Juan F. Reynaud; el gerente de Relaciones Externas, Nelson Nuñez, y del Área Legal, Ximena Escobedo.



Otros representantes del ejido fueron el tesorero Alejandro Morquecho Herrera, el secretario Gustavo Ramos Herrera y el presidente del Comité de Vigilancia, Benito Herrera Anguiano.



Del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), asistieron los secretarios Benito Melo González, y del Interior, Exterior y Actas, Sergio Beltrán Reyes.



En cuanto a la administración estatal, también acudió el secretario general de Gobierno, Jehú Salas Dávila, y, del gobierno de México, la titular de la Unidad para la Atención de las Organizaciones Sociales, Sonia Salazar Ham.



Critica FPLZ



Por otra parte, Felipe Pinedo Hernández, líder del Frente Popular de Lucha por Zacatecas (FPLZ), organización que estuvo involucrada en el conflicto, criticó el convenio, pero argumentó que es preferible “un mal acuerdo que un buen pleito”.



Señaló que Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, “tenía prisa” por anunciar los avances. “En eso ya se había avanzado en las reuniones de abril, únicamente se ratifica a distancia, pues hay que esperar a la asamblea de formalidades especiales”, advirtió.



Pinedo Hernández insistió en que, aunque se hable de un acuerdo definitivo, la asamblea general de ejidatarios debe ratificarlo. Denunció que hay molestia entre ejidatarios porque “las letras chiquitas no están muy claras”, y por especificaciones en los proyectos de inversión.



“Sentimos que la mina le sigue debiendo a los ejidatarios porque en los temas de afectación de agua, territorio y medio ambiente, son derechos humanos y no se están contemplando en este acuerdo”, recalcó.



Agregó que “se pisotearon todos los derechos de la Unión de Transportistas y Trabajadores de Mazapil”, asociación que, dijo, no obtendrá beneficio por “acuerdos individuales”.



La asamblea, que de inicio estaba programada para el 28 de abril, se reprogramará por la emergencia sanitaria por COVID-19.