Reformas de agua en México traerían orden al sector, pero aún enfrentan incertidumbre legislativa

El debate sobre las nuevas leyes de aguas en México sigue abierto sin una fecha definida para su aprobación, luego de que la Cámara de Diputados, presionada por distintos sectores, decidió extender el proceso a una ronda de parlamento abierto, lo que podría retrasar la votación más allá del actual periodo legislativo.

En entrevista con BNamericas, el especialista en gestión hídrica Hugo Rojas analiza los beneficios y riesgos de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, así como sus implicaciones para el sector productivo y los retos que aún frenan la modernización del marco jurídico del agua en el país.

Rojas considera positivo para la industria minera que las reformas eliminen la prohibición de otorgar concesiones para el almacenamiento y reutilización de aguas residuales bajo condiciones ambientales adecuadas, una medida que permitiría mayor eficiencia hídrica y reducción de costos en el uso del recurso.

BNamericas: ¿En qué estatus se encuentran las dos leyes y por qué se detuvo su aprobación en el Congreso?

Rojas: La situación ahorita con ambas leyes es que la Cámara de Diputados convocó a una ronda de parlamento abierto que se llevará a cabo en el próximo mes. Ya estaban listas para aprobarse a finales de octubre, pero hubo peticiones de varios sectores para ser escuchados y se decidió abrir esta nueva etapa.

La Comisión de Recursos Hidráulicos había dicho que ya se habían hecho foros previos, pero finalmente se accedió. Habrá voces a favor y en contra, y dependerá de qué tanto se recojan estas inquietudes si las leyes se aprueban pronto o se posponen al siguiente periodo de sesiones.

Mientras más tiempo pase, habrá menos condiciones para aprobarlas porque se da margen a que los sectores inconformes presionen a diputados, Conagua o incluso a la Presidencia.

BNamericas: ¿Por qué existen dos leyes distintas y no una sola, como piden algunos sectores?

Rojas: Porque una es una ley general y la otra es una ley federal, y son figuras jurídicas distintas. La Ley de Aguas Nacionales regula lo que corresponde a la Federación, mientras que la Ley General de Aguas establece las bases generales para que los estados legislen en función de ella.

No se puede hacer una sola ley que abarque todo, porque una ley federal no puede decirle a un municipio qué debe hacer en material que le corresponde al estado. Por eso deben ser dos ordenamientos separados.

BNamericas: ¿Cuáles son los principales cambios que propone la Ley General de Aguas?

Rojas: No hay grandes cambios frente a lo que ya contempla la Ley de Aguas Nacionales. Muchas disposiciones son reiterativas. Sin embargo, hay diferencias conceptuales: por ejemplo, el uso de los términos “sustentable” y “sostenible”, que no son lo mismo.

Además, la propuesta se centra mucho en el derecho humano al agua, pero no profundiza igual en el derecho al saneamiento, que también es fundamental para la disponibilidad de agua limpia.

Un aspecto positivo es la prohibición de la mercantilización del agua. Aunque parece algo formal, representa un cambio de visión: considerar el agua como un bien social y cultural, no como una mercancía. Eso nos parece un avance importante.

BNamericas: ¿Y cuáles han sido los puntos más polémicos o que despertaron críticas?

Rojas: El mayor debate viene por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, no tanto por la Ley General. Ahí se planteaba que no se podrían transmitir concesiones de agua, lo que generó alarma entre propietarios de terrenos con derechos hídricos.

Conagua ya aclaró que sí se reconoce la permanencia del agua en un terreno, pero que el nuevo propietario debe solicitar una nueva concesión. También se aclaró el tema de la sucesión de derechos: si muere el titular, los herederos pueden solicitar la renovación.

El problema es que esos puntos no estaban claros en el texto, y eso encendió las alertas. Les dijimos a las autoridades: “Esto que explican no está escrito, hay que dejarlo explícito para evitar confusiones”.

BNamericas: ¿Qué impacto tendrían las reformas para las empresas mineras?

Rojas: Había un punto favorable para ellas. Se eliminaba la prohibición de otorgar concesiones sobre cuerpos o vasos para disposición de residuos mineros o almacenamiento de aguas residuales, siempre que se cumplieran medidas de protección ambiental.

Esto permitiría a las mineras almacenar y reutilizar el agua de sus procesos, reduciendo el pago de derechos. Es una medida positiva en términos de eficiencia hídrica, aunque para algunos sectores resultó polémica.

BNamericas: Usted ha dicho que, pese a los ajustes, las propuestas son mejores que el marco actual. ¿Por qué?

Rojas: Porque ponen orden. Por ejemplo, en la Ley General de Aguas se prohíbe cortar el servicio por falta de pago, lo cual, aunque polémico, busca garantizar el derecho humano al agua. Pero ahí también hay un riesgo: si los organismos operadores no pueden suspender el servicio, aumentará la cartera vencida.

También falta definir qué es el “mínimo vital”: ¿dos litros por persona, 100 litros? Eso no está claro.

Y otro punto débil es el financiamiento: Conagua asumiría más responsabilidades, pero con el mismo o menor presupuesto. Entonces, ¿con qué recursos lo harán? Tampoco hay mecanismos claros para fortalecer a los operadores estatales y municipales.

BNamericas: Históricamente, varios gobiernos han intentado aprobar una Ley General de Aguas sin éxito. ¿Podría repetirse?

Rojas: Sí, ha pasado en cada legislatura desde 2012. Llegamos a tener hasta seis iniciativas diferentes que se fueron puliendo. En los últimos años parecía haber más consenso: el sector agrícola, el público urbano y el industrial estaban más o menos de acuerdo.

No era la ley perfecta, pero era mejor tener algo que nada. Hoy volvemos a estar en el mismo punto: con dos propuestas que generan expectativas, pero sin certeza de que se aprueben.

BNamericas: Mientras tanto, ¿qué ley está vigente?

Rojas: Sigue vigente la Ley de Aguas Nacionales reformada en 2023. Esa es la que rige a las empresas y concesionarios actualmente. Lo más fuerte de esa reforma fue la reducción del plazo de las concesiones, aunque se mantuvo la renovación automática. Enrealidad, las industrias están tranquilas con esa ley. Lo que les preocupa es lo que venga: que las nuevas reformas introduzcan conceptos como “seguridad hídrica” o “índice de responsabilidad hídrica” sin que nadie sepa aún cómo se medirán.

BNamericas: ¿Qué significado tendría “seguridad hídrica” en las nuevas leyes?

Rojas: Todavía no hay una definición oficial. Conagua nos ha dicho que lo trabaja el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA). Seguramente incluirá temas como uso eficiente, no contaminación, conservación o manejo integral de cuencas.

El problema será cómo calificar a los usuarios. ¿Quién recopila los datos? ¿Quién decide si una empresa tiene un buen índice? Si no hay criterios objetivos, puede volverse discrecional.

BNamericas: ¿Cuál sería su reflexión final sobre este proceso?

Rojas: Ojalá sí se aprueben. Son necesarias. Podrían ser la base para reformas más profundas en el futuro, pero ya no podemos seguir posponiendo la regulación del artículo cuarto constitucional ni la actualización de la Ley de Aguas Nacionales.

México necesita reglas claras y modernas, y aunque falten ajustes, este es un paso que no deberíamos seguir pateando.

Fuente: BNamericas