Peñoles se ampara contra freno de Sener y Cenace a energías renovables

Industrias Peñoles inició acciones legales para ampararse contra las resoluciones publicadas por el CENACE (Centro Nacional de Control de Energía), y por la Secretaría de Energía (SENER); según reconoció Arturo Vaca Durán, director de Energía y Tecnología de dicha firma, este cambio en las reglas, impactarán en los flujos de recuperación de inversión de los accionistas y en lo correspondiente al financiamiento bancario solicitado para estos proyectos.

“El tema es complicado; se iniciaron acciones legales que están en trámite aún. La razón por la que la autoridad emite estas leyes, está basado en la confiabilidad del sistema. Pero hasta el mes de abril venía operando confiablemente sin mayores problemas”, expuso.

El argumento utilizado por el Gobierno Federal para alude principalmente se atribuyen a garantizar el abastecimiento de energía eléctrica durante la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad covid-19 en México; decisión que muchos han considerado “controversial”, ya que deriva en el freno de proyectos de energía renovable, para impulsar a la Comisión Federal de Electricidad y Pemex.

El argumento es garantizar el suministro de energía eléctrica. Una de las hipótesis que han salido a relucir, son los problemas derivados de incendios provocados por agricultores en la Península de Yucatán, y no atribuibles a plantas de energía renovables. “Pero ahora se está privilegiando de manera discriminatoria la generación de las centrales viejas de la Comisión Federal de Electricidad”.

Y por otro lado, se plantea que Pemex necesita canalizar el combustóleo alto en azufre que genera de la producción de petróleo que se vendía a la flota marítima; pero la Asociación Marítima Internacional, señaló que los barcos no podrían utilizar combustóleo con alto azufre, a menos que implementaran adecuaciones para ello, lo que no se concretó. 

De ahí que se busque ahora reducir la operación de las energías renovables, para que la demanda de energía eléctrica en las plantas termoeléctricas de la CFE utilicen este combustóleo al incrementarse la demanda de energía, cuya demanda puede llegar hasta los 50 mil Megawatts; por lo que se necesita cambiar las reglas para limitar a las energías renovables para privilegiar a las plantas de combustóleo.

Entendiendo al Gobierno Federal y los motivos que lo llevan a realizar estos cambios, Vaca Durán señaló: “No hay problema de que cambien las reglas, pero que sean de ahora en adelante, pero los contratos y las inversiones que ya se hicieron, que se les respete las reglas con las cuales se tomó la decisión de invertir. No tenemos problemas de que se emitan nuevas reglas de confiabilidad, pero ahora se emiten esta nuevas normativas para dar base legal a estas decisiones, que afectan las inversiones de las empresas de energías renovables”, señaló.

De acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el acuerdo por el que se emite la Política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, publicado el viernes 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, “representa una violación flagrante al marco constitucional y legal mexicano”; señalando además que con este instrumento, SENER (Secretaría de Energía), “usurpa” facultades para incidir ilegítimamente en las reglas del sector y en las condiciones de competencia.

Dicho acuerdo se publicó sin respetar procesos legales y normativos. Esto representa un ataque frontal a la certeza jurídica de las inversiones en México, causando graves consecuencias para el país como la pérdida de empleos, de confianza de inversionistas, y afectaciones para los proyectos eléctricos de todas tecnologías en al menos 18 estados de la República, los cuales representan inversiones por más de 30 mil millones de dólares. La medida, que ha entrado en vigor a pesar de numerosas protestas y argumentos de expertos, autoridades, representaciones diplomáticas y participantes de la industria, “atropella” los derechos de todos los participantes en el sector eléctrico nacional. El CCE señala que no sólo discrimina a las energías renovables, también faculta a las autoridades para encarecer artificialmente la generación de electricidad en el país y desplazar arbitrariamente cualquier proyecto de generación del sector privado.

El impacto a las energías limpias. Específicamente, el acuerdo tiene impactos negativos en 44 proyectos de generación de energía limpia ubicados en 18 Estados de la República. Se trata de afectaciones a 28 plantas solares fotovoltaicas y eólicas que estaban listas para entrar en operación, más 16 proyectos en construcción, respaldados por más de 6,400 millones de dólares de inversión directa.

Las medidas previstas por el acuerdo implicarán, además, emisiones mensuales de más de 714 mil toneladas de CO2 que no podrán evitarse, y la puesta en riesgo de 29 mil 517 empleos.