En defensa de la minería mexicana

La reforma a la ley minera y leyes relacionadas, como la de Aguas Nacionales, se lanza sustentada en una narrativa que presenta al sector minero como extractivista, depredador, destructor, explotador de los trabajadores, y un largo etcétera calumnioso y manipulador.

Si se “juntan los puntos” de los diversos cambios propuestos, como la ampliación de las asignaciones mineras para empresas paraestatales, sin restricción alguna; reducción absurda de la duración de las concesiones mineras a 15 años para hacer inviable cualquier proyecto; otorgamiento de concesiones por mineral (desafiando a la naturaleza que presenta los yacimientos con contenidos polimetálicos o poliminerales); restricción en la transferencia de concesiones y prohibición en etapa de exploración; ampliación abusiva de causales de cancelación de concesiones; cambio del régimen y duración de las concesiones de agua ligadas a la minería; reiteración de la potencial toma de dominio por el Estado de nuevos minerales -sin definirlos- para la transición energética, y otros mensajes estentóreos de agresión y hostigamiento, con el objetivo explícito en la Iniciativa de “recuperar la soberanía nacional sobre los minerales y sustancias…”, se aclara el panorama y planes del gobierno y sus aliados. La nueva Iniciativa quiere arrebatarle a las empresas mineras mexicanas (independientemente del origen de su capital), la operación del sector, y lo primero es destruir el valor de mercado de sus proyectos actuales. La sola presentación de la Iniciativa destruye valor y constituye una contingencia de riesgo mayúsculo.

El Gobierno manejará a su antojo los tiempos legislativos y chantajeará con la flexibilidad que podría tener para eliminar los aspectos más tóxicos de ella.

Son múltiples las violaciones de la Iniciativa a los compromisos y letra del T-MEC, aunque la defensa de los inversionistas de capital canadiense deberá hacerse bajo el Acuerdo Transpacífico, y los demás, descansar en que ambos gobiernos de Norteamérican decidan invocar el mecanismo Estado-Estado de solución de controversias.

Es una Iniciativa con un explícito objetivo nacionalizador, destructor del sector y con un aliento político de radicalización para construir las bases de una nueva “gesta histórica”, equivalente a la expropiación petrolera y a la eléctrica: “la expropiación minera”, ésta más lenta, disfrazada de reivindicadora.

Todo el sector nos estamos organizando para defender a la minería mexicana, base de todas las cadenas económicas y soporte de casi 700 comunidades en 24 Estados del país.

Por: Armando Ortega, Presidente del Comité Minero de la Cámara de Comercio del Canadá en México, CanCham.