El caso de la mina San Martín trasciende fronteras

El 22 de agosto, el Gobierno de Estados Unidos solicitó a las autoridades mexicanas la formación de un panel para verificar si Grupo México ha cumplido con los derechos de los trabajadores de su mina San Martín, ubicada en Zacatecas.

Cabe señalar que esta es la primera vez que se utiliza el “Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida”, establecido en el T-MEC, mismo que permite a los países socios investigar de manera expedita si los trabajadores están siendo privados de sus derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva.

En respuesta a esta solicitud, Grupo México declaró que ve el proceso como una oportunidad para demostrar que no ha violado la ley ni ha obstaculizado los derechos de sus trabajadores.

A la vez, la Compañía acusa al líder sindical Napoleón Gómez Urrutia de aprovechar esta disputa para seguir evitando el pago de indemnizaciones a extrabajadores mineros, que ascienden a US$55 millones, y así mismo obtener beneficios políticos.

En un comunicado, Industrial Minera México, subsidiaria del Grupo, expresa: “La prioridad para la empresa son sus trabajadores y sus familias. Una comunidad entera en Zacatecas depende del trabajo que se desarrolla en la mina, la apertura de este Panel de Solución de Controversias, finalmente dará certeza y tranquilidad a todos los habitantes de Sombrerete, Zacatecas”.

La mina San Martín, donde se extrae plomo, zinc y cobre, entró en huelga en el año 2007, y de acuerdo con la Compañía, luego del levantamiento de esta, en el 2018, la unidad minera ha recibido inversiones por más de US$105 millones, y produce más de 1,250,000 toneladas de mineral cada año, generando cerca de 1,300 empleos, de manera segura y moderna.

Por su parte, el Gobierno de México ha respondido que el asunto está próximo a resolverse en tribunales nacionales, y que está fuera del ámbito del T-MEC, puesto que los hechos ocurrieron antes de que el Tratado entrara en vigor.

Fuente: Mundo Minero