Congresistas preocupados ante planes energéticos “anticompetitivos y antiambientales” de México

El 3 de noviembre, una cuarentena de congresistas de Estados Unidos externaron su preocupación ante la iniciativa del Gobierno de México de excluir a compañías privadas de su sector energético, lo que contraviene acuerdos internacionales como el T-MEC.

Así lo expresaron en una misiva dirigida a la Embajadora Comercial, Katherine Tai; el Secretario del Departamento de Estado, Anthony J. Blinken; la Secretaria de Comercio, Gina M. Raimondo; y la Secretaria de Energía, Jennifer M. Granholm.

Los legisladores manifiestan que “El propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido el objetivo explícito de brindar un trato preferencial a las empresas energéticas nacionales de México, Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en directa contradicción con el T-MEC, que su propia Administración negoció y firmó. Su gobierno y su partido han defendido los esfuerzos regulatorios y legislativos que los tribunales mexicanos han declarado “anticompetitivos y antiambientales”.

Según el documento, el mismo Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional de México reconoce que el país no cumplirá sus metas de generación de energías limpias, ya que para el 2024 solo el 32% de su electricidad provendría de fuentes limpias, por debajo del 35% esperado para dicho año.

¨Favorecer a PEMEX también podría provocar que México violara la norma IMO 2020 de la Organización Marítima Internacional y otros acuerdos ambientales internacionales, debido al alto contenido de sulfuros en la gasolina de PEMEX. La CFE también ha manifestado su preferencia por esta gasolina sobre el gas natural en plantas cercanas a las mayores ciudades del país, como la planta de Tula, que provee hasta el 20% de la electricidad de la Ciudad de México”.

La carta también indica que según informes de los medios, el gobierno mexicano ha suspendido los permisos de varias terminales de almacenamiento de combustible de propiedad estadounidense, mientras utiliza a la Guardia Nacional para forzar el cierre de 23 instalaciones relacionadas con el combustible, como sitios de almacenamiento, y cierres parciales de otras 17 instalaciones.

“Estas acciones son solo las últimas de una iniciativa amplia y arrolladora destinada a sofocar la competencia del sector privado”, declaran los firmantes, y piden al Gobierno de Estados Unidos que tome las medidas necesarias para hacer que México cese sus prácticas discriminatorias y permita una competencia justa, como lo establece el T-MEC.

Fuente: Mundo Minero