Una legisladora del partido oficialista mexicano Morena está preparando un plan para nacionalizar la minería mediante una revisión legislativa integral que prohibiría la explotación a cielo abierto y otorgaría al Estado nuevos poderes para cancelar concesiones.



La senadora Blanca Piña, representante del estado de Michoacán, redactó una moción para que la minería se considere asunto de seguridad nacional y se ponga bajo control del Estado con el argumento de que el régimen actual ha permitido que las empresas privadas saqueen los recursos minerales y pisoteen los derechos de comunidades, grupos indígenas y trabajadores.



La propuesta, que incluye modificaciones a seis artículos de la ley vigente, también contempla reducir la duración de las concesiones y suprimir los títulos en caso de violaciones a los derechos humanos y laborales, accidentes y daños ambientales.



Si bien no está claro si el proyecto de ley cuenta con respaldo del Ejecutivo, está alineado con muchos de los objetivos políticos del presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluyen una regulación más estricta o restricciones a las concesiones y permisos mineros, un papel más amplio del Estado y una mayor protección del medioambiente y las comunidades.



PLANES DE NACIONALIZACIÓN



La propuesta de nacionalizar la minería va en la línea de la reciente nacionalización del litio en México, que ha generado temores entre algunos expertos de la industria por la eventual inclusión de otros minerales.



El texto plantea reformar el artículo 6 de la Ley Minera para establecer la actividad como de interés público y seguridad nacional, lo que inhabilitaría la entrega de concesiones, permisos, contratos y autorizaciones.



Los minerales son bienes de la Nación y su exploración, explotación, procesamiento y aprovechamiento están reservados al pueblo mexicano, plantea la propuesta.



Al igual que con el litio, cuya explotación estará a cargo de LitioMx, el proyecto de ley contempla una nueva empresa estatal denominada Mineral de México que se dedicaría a la explotación y procesamiento de minerales.



PROHIBICIÓN A OPERACIONES A CIELO ABIERTO



Piña, quien encabeza la comisión de igualdad de género del Senado, pidió además que se prohíba la minería a cielo abierto en una modificación al artículo 20 de la Ley Minera.



La enmienda se propone tras el compromiso reafirmado en mayo por la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) para no otorgar nuevos permisos a proyectos mineros a cielo abierto.



Además, se prohibiría la minería en el fondo marino y la extracción de carbón a pequeña escala a través de los denominados “pocitos”.



AMLO prometió endurecer las normas de seguridad de la industria minera del carbón después de que 10 mineros murieran el mes pasado tras quedar atrapados bajo tierra por la inundación de la mina Pinabete en el estado de Coahuila.



Las autoridades señalaron que Pinabete era operada ilegalmente sin las medidas de seguridad adecuadas.



Actualmente no hay minas operativas en el fondo marino en aguas mexicanas. La estadounidense Odyssey Marine Exploration presentó una demanda de arbitraje contra México luego de que se rechazara el mes pasado la solicitud de permiso ambiental para su proyecto de extracción de arenas fosfáticas ExO (anteriormente Don Diego) frente a las costas de Baja California Sur.



TÉRMINOS DE CONCESIONES



El proyecto de ley también incluye propuestas para modificar el sistema de concesiones.



Estas incluyen reducir los plazos a 12 años para exploración y a otros 12 años para explotación, en comparación con los actuales 50 años, prorrogables por otros 50 años.



Otra modificación al artículo 6 establece que las concesiones se cancelarán cuando se produzcan accidentes, se infrinjan normas de salud y seguridad o se vulneren los derechos humanos y laborales.



Las concesiones también se revocarán si se determinan afectaciones ambientales, según una propuesta de cambio al artículo 55.



Las concesiones en áreas con comunidades indígenas también serán anuladas si estas no son consultadas de acuerdo con los protocolos del Convenio 169 de la OIT.



Los planes de las empresas mineras para realizar consultas con las comunidades indígenas se han visto frenados por la falta de una legislación que establezca los requisitos de estos procesos.



“Es indispensable que exista una ley de consulta que de certeza y claridad a las reglas del juego”, señaló la cámara minera Camimex en su informe anual de agosto.



ZONAS DE EXCLUSIÓN MINERA



La propuesta también plantea que ciertas áreas queden fuera del alcance de los proyectos mineros.



Estas incluyen reservas naturales y otros lugares con importantes recursos hídricos o valor ecológico, sitios arqueológicos y áreas consideradas sagradas por las comunidades indígenas.



LEGADO POLÍTICO



La moción surge en medio de preocupaciones de que AMLO pueda buscar cambios controvertidos a la legislación minera como forma de cimentar su legado político y reputación de defensor de los sectores vulnerables en México en los dos años que restan de su administración.



“Se podrían ver más medidas populistas, especialmente por la limitación a un solo mandato. AMLO querrá asegurar algún tipo de legado”, dijo este mes a BNamericas Matthew Wilson Eames, consultor de riesgo sociopolítico de la firma londinense Critical Resource. Los comentarios no reflejan necesariamente los puntos de vista de Critical Resource ni de su matriz, ERM.



“Su modalidad de gobierno ha sido bastante impredecible, por lo que es difícil prever dónde se tomarán esas decisiones más populistas, pero es bastante probable que afecten a la minería, dada su historia y posición ideológica con respecto al sector”, concluyó.



Fuente: BNamericas