Recientemente, Mundo Minero entrevistó al Ing. Víctor del Castillo Alarcón, consultor ambiental, dueño de una vasta experiencia en el sector minero, Premio Nacional de Medio Ambiente por la AIMMGM. La charla giró en torno a la viabilidad de los cambios hechos a la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.



Cabe señalar que si bien ya fueron aprobadas las reformas a las leyes mencionadas, tanto por Diputados como por Senadores, aún se están definiendo los reglamentos correspondientes para que estas leyes puedan entrar plenamente en vigencia. 



Tomando esto en cuenta, Víctor del Castillo destacó ciertos puntos que hasta ahora resultan problemáticos tal como están planteados actualmente. De entrada, aludió a la posibilidad de que se prohíban las actividades mineras en zonas donde existe estrés hídrico, puesto que en el caso de Sonora, que es el estado más importante en cuanto a la industria, siendo una entidad desértica, existe estrés hídrico a lo largo del año.



“Es muy relativo cómo definir el estrés hídrico, fácilmente podrías detener una operación que esté trabajando, cuidando mucho el agua. Se me hace injusto porque si alguien cuida el agua es la minería. En Sonora quien más cara paga el agua es el sector”, refirió.



El Ing. Del Castillo abundó que las operaciones emplean ciclos cerrados para evitar descargas de agua y que cuentan con sus concesiones en regla, por lo que resulta injusto cancelar una operación con ese criterio, aparte de que un inspector de la Secretaría de economía no está facultado para determinar si existe estrés hídrico en determinada región. 



Propuso que si se quiere aumentar la disponibilidad de agua, se ponga atención a la agricultura, pues mientras la minería se moderniza e incorpora nuevas tecnologías, y las leyes también se tornan más exigentes, la agricultura, aunque ha incorporado métodos más productivos, en muchos casos conserva técnicas de riego de hace 2,000 años, como la inundación de terrenos.



“Cuando trabajas una ley tienes que trabajar simultáneamente en el reglamento. Recibes opiniones, si hay algo que no convenga. Cuando hay impacto regulatorio se deben estimar impactos económicos, de empleo, competitividad del país”, declaró Víctor del Castillo.



En este sentido, acotó que la velocidad con que se aprobaron los cambios dejó fuera estas consideraciones. Otro aspecto problemático, además de que no se han definido los reglamentos respectivos, es que en muchas de las reformas se toma como base la “Ley de Infraestructura de la Calidad”, vigente a partir del 2020, con la cual se abrogó la “Ley Federal sobre Metrología y Normalización”, pero que a su vez carece también de reglamentos, por lo que todo lo que parte de esta base podría no tener sustento legal.



Dado lo anterior, se prevé que muchas compañías mineras se podrían amparar, y que posiblemente podrían tener éxito. Sin embargo se destacó que las compañías guardan mucha secrecía en sus departamentos jurídicos. Por lo que a la fecha sólo se tenía noticia de First Majestic, compañía que ganó un caso a favor, logrando conservar la figura de “afirmativa ficta”, que consiste en que al no recibir respuesta de la autoridad respecto a un trámite, se da por sentada su aprobación. 



Por otra parte, se externó la preocupación sobre la manera en que la Secretaría de Economía se coordinará con diversas instancias para hacer valer las nuevas regulaciones, otro aspecto que no se tomó en cuenta al aprobar en fast-track las modificaciones promovidas por el Ejecutivo.



Fuente: Mundo Minero