Las recientes señales de que el potencial minero en Centroamérica está expandiéndose, gracias a nuevas leyes en El Salvador y Costa Rica, podrían presionar a países como México, cuyas políticas públicas han debilitado la industria y reducido la competitividad nacional.



"Esta apertura no solo atraerá inversiones extranjeras, sino que también pondrá presión sobre países como México para reconsiderar sus políticas restrictivas hacia la minería, que han afectado principalmente a empresas canadienses", dijo Andrés Abogado, socio ejecutivo del estudio jurídico Abolaw, en conversación con BNamericas.



“Con una región que se muestra cada vez más favorable a la minería formal, México podría enfrentar desafíos para mantener su posición como destino atractivo para la inversión minera si no ajusta su estrategia regulatoria”, advirtió.



A fines del año pasado, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley para permitir la minería metálica, mientras Costa Rica avanza&nbsp;con una iniciativa para legalizar la minería a cielo abierto.



De acuerdo con el índice de atracción de inversión en la minería que realiza el Instituto Fraser, México se posicionó en el sitio 74 de 86 jurisdicciones en una encuesta a empresas mineras en 2023, lo que significó un retroceso histórico y la caída de 37 lugares con respecto a 2022.



La encuesta anual del instituto busca evaluar el potencial geológico y las políticas públicas relacionadas con la inversión en el sector a nivel global. El índice está compuesto del índice de potencial minero con las mejores prácticas (60%) y el índice de política minera (40%).



La política de congelar el otorgamiento de concesiones, que ha prevalecido desde que el izquierdista Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia a fines de 2018, aunada a la ralentización del trámite de permisos —principalmente ambientales— han seguido afectando el desempeño de la industria minera en México durante la novel administración de Claudia Sheinbaum.



La reforma de mayo de 2023 a cuatro leyes que rigen la actividad —incluida la Ley Minera— aún carece de la reglamentación pertinente, lo que ha perjudicado sobre todo a la exploración, porque se dejó al servicio geológico&nbsp;<a href="https://www.bnamericas.com/es/perfil-empresa/servicio-geologico-mexicano-sgm" target="_blank" rel="noreferrer noopener">SGM</a>&nbsp;su exclusividad, complicando la participación de los privados.



Como resultado, la cámara minera Camimex anticipa que las inversiones caerán más de 20% este año a unos US$ 3.800 millones desde aproximadamente unos US$ 5.000 millones en 2024.



Adicionalmente, en el presupuesto de este año se aprobaron incrementos en los derechos especial y extraordinario sobre la minería, lo que elevará las tasas respectivas de 7,5% a 8,5% y de 0,5 a 1,0%.



La Camimex manifestó recientemente su preocupación por lo que entonces aún era una propuesta de la Secretaría de Hacienda y advirtió que la medida pondría en riesgo más de US$ 6.900 millones en inversiones en nuevos proyectos durante los próximos dos años.



Para Abogado, la reciente expansión del potencial minero en América Central por las políticas impulsadas principalmente por los presidentes salvadoreño, Nayib Bukele, y costarricense, Rodrigo Chaves, “marca un cambio significativo en la región y abre una ventana a la competitividad económica”.



Países como Panamá, donde en noviembre de 2023 se suspendió indefinidamente la operación de la emblemática mina Cobre Panamá&nbsp;luego de que la Corte Suprema declaró su renovado contrato inconstitucional, también podrían verse motivados a montarse en esta incipiente tendencia regional, ya que la operación llegó a representar casi un 5% del PIB. Además, su cierre ha afectado las finanzas públicas y perspectivas económicas del país centroamericano.



Fuente: BNamericas