La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) y la Cámara Minera de México (Camimex) expresaron su preocupación ante la propuesta de modificar el Artículo 118 de la Ley de Aguas Nacionales, actualmente en debate en el Congreso. Ambas organizaciones coincidieron en que los cambios planteados podrían comprometer la viabilidad operativa de la minería formal, frenar la producción de minerales estratégicos y afectar al país.
La AIMMGM señaló que, si bien reconoce el agua como un bien público y un derecho humano indispensable para el desarrollo socioeconómico y ambiental del país, la reforma en su redacción actual impactaría negativamente a la industria minera y a otros sectores productivos. Destacó que la minería utiliza apenas 0.27% del volumen nacional concesionado, frente al 76% destinado al uso agrícola, y reiteró que las operaciones formales cumplen lineamientos estrictos para el manejo responsable del recurso, establecidos en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De acuerdo con la Asociación, la modificación propuesta al Artículo 118 pone en riesgo la continuidad operativa del sector, y el sustento de alrededor de tres millones de familias que dependen directa e indirectamente de la minería. Reafirmó además su disposición a colaborar con el Gobierno de México para fortalecer un marco regulatorio eficaz, sostenible y alineado con los objetivos nacionales.
Por su parte, la Camimex advirtió que la reforma generaría “graves afectaciones” al prácticamente impedir la construcción de infraestructura esencial en zonas montañosas, donde se concentra la mayoría de las operaciones mineras formales. Subrayó que la industria “no vierte, ni pretende verter, desechos tóxicos” en cuerpos de agua, y que los depósitos de residuos y obras de manejo hídrico cumplen con la normatividad nacional y estándares internacionales estrictos.
La Cámara señaló que la prohibición contemplada no toma en cuenta la geografía del país ni la necesidad de infraestructura regulada y supervisada para el funcionamiento seguro de las unidades mineras. Asimismo, indica que la medida frenaría la producción de minerales indispensables y afectaría la actividad económica de más de tres millones de personas vinculadas al sector.
Ambas organizaciones reiteraron su apertura al diálogo con las autoridades federales para avanzar hacia una legislación sustentable y operativamente viable, mientras el Congreso entra en la fase decisiva para aprobar la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales antes de mediados de diciembre, en un contexto donde diversos sectores productivos han expresado inquietudes sobre posibles restricciones y mayor control estatal.
Fuente: Mundo Minero